El Salud pública El español cruza una situación preocupante con respecto a la atención oral. Actualmente, hay poco más de 1.200 dentistas en todo el sistema público para una población de 49 millones de personas. Esta cifra, calificada como «totalmente insuficiente» por las principales entidades profesionales del sector, refleja una falta estructural que afecta directamente la calidad y la equidad de la atención médica.
El acceso a los servicios dentales públicos es muy limitado. De hecho, solo el 3 % de la población va a estos servicios, en comparación con el 97 % que recurre a clínicas privadas, lo que demuestra una dependencia casi absoluta del sector privado. La explicación de este desequilibrio es, en gran parte, en la inversión: si bien el gasto público en salud bucal es de alrededor de 74 millones de euros por año, el gasto privado excede los 3.600 millones, alcanzando 8,000 millones si se incluyen implantes y prótesis. Esta desproporción hace que la atención dental sea un mercado bueno en lugar de un derecho accesible.
El Presidente del Consejo General de Dentistas, Dr. Óscar Castro, advirtió sobre la gravedad del problema. Según sus declaraciones, cada dentista público asiste entre 30,000 y 50,000 personas, lo que hace que sea imposible ofrecer un servicio de calidad y continuidad. Además, España está muy por debajo del promedio europeo en gastos de salud para la salud bucal: 2 % en comparación con el 31 % de otros países circundantes. Esto tiene consecuencias directas en la población: el 12 % declara tener necesidades dentales no cubiertas, el doble que el promedio en la Unión Europea.
En la actualidad, la cartera de servicios públicos incluye solo tratamientos básicos como impresiones, extracciones o control de infecciones, y se limita a ciertos grupos prioritarios: niños pequeños, mujeres embarazadas, personas con discapacidades o pacientes con cáncer. Sin embargo, muchos usuarios no conocen estos servicios debido a la falta de campañas de información y la disparidad entre las comunidades autónomas. La mayoría de los tratamientos más demandados (Aspieces, ortodoncia, prótesis) deben pagarse en privado.
El sector reclama una reforma estructural que incluye el aumento en el número de dentistas en la red pública, un mayor financiamiento y un enfoque basado en la prevención. Organizaciones como el Consejo General de Dentistas y la Unión CSIF han pedido al Gobierno que recaude la fuerza laboral pública hasta al menos 2,500 profesionales y promueva un cambio de modelo que garantice un acceso universal a una atención oral digna. La brecha actual entre aquellos que pueden pagar y que no es, en última instancia, una forma de desigualdad de salud que España no puede continuar permitiendo.
